Por Congreso del Estado de Sinaloa avanzó este jueves con una iniciativa que pretende endurecer las penas contra quienes realicen actividades de espionaje o vigilancia contra elementos de seguridad pública en la entidad, así como considerar como agravantes la utilización de menores de edad, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
Durante la Sesión Ordinaria de este jueves, se dio primera lectura a un dictamen presentado por la Comisión de Justicia, que propone modificar el artículo 293 Bis del Código Penal estatal para ampliar las conductas delictivas relacionadas con la interferencia en las labores policiales.
La reforma busca sancionar a quienes acechen, vigilen o proporcionen información sobre actividades oficiales o personales de servidores públicos de instituciones de seguridad, particularmente cuando estas acciones tengan como objetivo entorpecer sus funciones o evitar la captura de delincuentes.
Un punto destacado de la iniciativa es la inclusión de una agravante que incrementaría hasta en un 50 por ciento la pena para quienes utilicen, induzcan u obliguen a menores de edad, personas adultas mayores o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo.
Según el dictamen leído en el Pleno, la reforma tiene como finalidad que las instituciones encargadas de la seguridad pública puedan ejercer sus funciones sin interferencias que pongan en riesgo su integridad y efectivo desempeño.
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